El expresidente independentista catalán Carles Puigdemont salió este viernes de la cárcel en Alemania, tras su puesta en libertad bajo control judicial ordenada la víspera por la justicia, constató una periodista de la AFP.

Puigdemont salió poco antes de las 14H00 (12H00 GMT) de la prisión de Neumünster, en el norte de Alemania, donde llevaba detenido desde hace unos diez días tras su arresto por la policía alemana, en aplicación de una euroorden emitida por Madrid. Sigue abierto contra él un proceso de extradición.

Poco después de salir de prisión exhortó al gobierno español a "iniciar el diálogo" sobre Cataluña.

"Las autoridades españolas no tienen ninguna excusa para no iniciar el diálogo", declaró a la prensa al salir del centro de detención de Neumünster en el norte del país. "Hemos pedido diálogo durante años y obtenido como respuesta solamente violencia y represión", alegó.

Poco antes de salir, Puigdemont reafirmó no querer ceder a sus convicciones.

"Se tiene que mirar el futuro con esperanza y optimismo, porque tenemos derecho a ello; tenemos derecho a que no nos roben nuestro futuro. Debemos mantener la posición y no retroceder en ningún momento", tuiteó el líder independentista catalán, un día después de la decisión del tribunal regional alemán competente en su caso, en Schleswig-Holstein.

Muestra de una salida inminente: sus abogados llegaron hacia mediodía a la cárcel de Neumünster, en el norte de Alemania, donde Puigdemont está detenido desde hace una decena de días. Anunciaron que pronto iba a salir y hablaría ante la prensa.

Puigdemont debía ser puesto en libertad bajo control judicial tras pagar una fianza de 75.000 euros.

Una vez esté fuera, tendrá prohibido salir de Alemania, a la espera de una decisión final sobre su caso y tendrá que presentarse una vez a la semana en comisaría.

Con todo, la decisión de descartar el cargo de rebelión el jueves supuso para el líder independentista un éxito notable.

La decisión de la justicia alemana, que continuará examinando la demanda de extradición de España, supuso un duro revés para las autoridades españolas, al rechazar la acusación de "rebelión", clave en la orden de detención europea recientemente reactivada por Madrid.

La justicia española lo acusa de "malversación de fondos" públicos por haber organizado un referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017 considerado ilegal por Madrid, cuyo coste se calcula en 1,6 millones de euros, pero sobre todo por "rebelión", una acusación pasible con hasta 30 años de prisión.

Pero los magistrados alemanes consideraron que esta acusación no podía mantenerse en virtud del derecho alemán, pues eso implicaría que Puigdemont fuera directamente responsable de hechos de violencia.

"Ese no es el caso", fallaron, en consonancia con la postura de los simpatizantes del exjefe de gobierno catalán.

Con todo, el tribunal seguirá examinando la acusación de malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum de independencia, para lo cual le solicitó a la justicia española más elementos.

- Menos 'tensión' -
"Es una noticia que rebaja la tensión y la presión en Cataluña, al nivel de la calle, momentáneamente, al descartar la posibilidad de que Puigdemont sea extraditado por rebelión, pese a que no se haya solucionado nada de fondo", declaró a la AFP el politólogo Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Si Alemania entrega a Puigdemont a España por malversación de fondos, se caerá la principal acusación de Madrid y, en virtud de la legislación europea, no podrá ser juzgado por rebelión en España.

Los delitos de "malversación" de fondos pueden ser castigados con entre cuatro y ocho años de prisión.

El expresidente catalán, destituido por el gobierno central español tras la fallida declaración de independencia de Cataluña, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania, cuando regresaba en coche de Finlandia a Bélgica, donde se instaló para escapar a la justicia española.

Con su marcha al extranjero, Puigdemont y otros seis líderes independentistas evitaron la justicia española e intentaron "internacionalizar" su causa al implicar a otros países europeos.

Nueve independentistas están actualmente en detención provisional en España, entre ellos seis miembros de su Ejecutivo y la expresidenta del parlamento catalán.